Qué cambia cuando un estudio hondureño abre oficina en España
Abrir oficina en España cambia la facturación, el IVA, el cobro y la forma de concurrir a licitaciones mucho antes de cambiar nada del trabajo creativo. Estas son las normas que definen el montaje.
Contenido
- Puntos clave
- La sociedad es la parte más barata del movimiento
- Qué cambia de verdad en la fiscalidad
- Cobrar es una cuestión regulada
- El mercado al que se vende de verdad
- Contratación, husos horarios y el solape real
- Cómo se replantea la propuesta de servicio
- Una secuencia que evita rehacer trabajo
- Preguntas frecuentes
Abrir en España es un proyecto de operaciones, no un trámite jurídico. Desde octubre de 2022 una sociedad limitada se constituye con 1 € de capital social. La facturación, el IVA, los plazos de cobro y las reglas de contratación pública cambian la forma de presupuestar, dotar y cobrar. Esos cuatro puntos deciden si la oficina se sostiene.
Puntos clave
- Desde el 19 de octubre de 2022 una sociedad limitada española se constituye con 1 € de capital. Por debajo de 3.000 € de capital, al menos el 20 % del beneficio anual va a reserva legal.
- Con estatutos tipo y tramitación por CIRCE, el notario dispone de 12 horas hábiles para otorgar la escritura y el Registro Mercantil de 6 horas hábiles para inscribirla.
- Facturado desde Honduras, el servicio a una empresa española va sin IVA español y lo autorrepercute el cliente. Facturado desde la sociedad española, lleva el tipo general del 21 %.
- La ley fija 30 días naturales como plazo de pago por defecto entre empresas y prohíbe pactar más de 60 días naturales.
- España tenía 3.207.580 empresas activas a 1 de enero de 2023 y el 53,6 % de ellas no daba empleo a nadie.
La sociedad es la parte más barata del movimiento
Desde que la Ley 18/2022 entró en vigor el 19 de octubre de 2022, una sociedad limitada española se constituye con 1 € de capital social en lugar de los 3.000 € anteriores. La contrapartida está en el mismo artículo. Mientras el capital esté por debajo de 3.000 €, al menos el 20 % del beneficio anual va a reserva legal, y en liquidación los socios responden de la diferencia.
Los plazos también están regulados. Con tramitación telemática por CIRCE y estatutos tipo, el notario dispone de 12 horas hábiles para otorgar la escritura. El Registro Mercantil dispone después de 6 horas hábiles desde la recepción telemática para calificarla e inscribirla, según los artículos 15 y 16 de la Ley 14/2013.
Nada de eso es el coste real. El coste real llega después, cada mes. Incluye declaraciones trimestrales y anuales, cuenta bancaria española y un administrador con NIF español. Añade el alta en la Seguridad Social para la nómina y una asesoría que trabaje en el huso horario de la Agencia Tributaria.
Desde el 19 de octubre de 2022 el capital social mínimo de una sociedad limitada española es de 1 € y no de 3.000 €, según la Ley 18/2022. Hasta que capital y reservas alcancen 3.000 €, al menos el 20 % del beneficio anual debe ir a reserva legal.
Qué cambia de verdad en la fiscalidad
Antes de que exista la sociedad española, un estudio hondureño que factura a una empresa española emite una factura sin IVA español. El artículo 84 de la Ley 37/1992 convierte al destinatario en sujeto pasivo cuando el proveedor no está establecido en el territorio de aplicación del impuesto. El cliente autorrepercute y la gestión queda de su lado.
Con sociedad española, el estudio repercute el tipo general del 21 % en el trabajo nacional y lo ingresa. La regla es el artículo 90 de la misma ley, recogida en el cuadro de tipos de 2024 de la Agencia Tributaria. Es un cambio de circulante antes que un cambio fiscal. Se cobra dinero que no es propio y se entrega cada trimestre, un desfase que convierte la caja en una restricción de diseño.
El impuesto sobre sociedades es más benévolo al principio. El tipo general es del 25 % y las entidades de nueva creación que realizan una actividad económica tributan al 15 % en el primer período con base positiva y en el siguiente. Ese alivio caduca. Un precio construido sobre él envejece mal, y es una razón más para presupuestar alcance y no horas.
Cobrar es una cuestión regulada
El cobro es donde la mayoría de los negocios de servicios transfronterizos pierde el margen que creía tener. La norma española es explícita en este punto. El artículo 4 de la Ley 3/2004 fija 30 días naturales desde la prestación del servicio como plazo por defecto y prohíbe pactar más de 60 días naturales.
Eso es un suelo, no una garantía. Los compradores privados grandes mantienen cadenas de aprobación que superan el plazo legal, y el remedio es una reclamación, no un pago automático. La respuesta práctica es contractual: facturación por hitos, un anticipo que cubra la fase de descubrimiento y una cláusula de intereses que se esté dispuesto a aplicar.
La ley española fija 30 días naturales como plazo de pago por defecto en operaciones comerciales y prohíbe pactar más de 60 días naturales (Ley 3/2004, art. 4). El límite se aplica a contratos privados entre empresas, no solo al sector público.
El comprador público añade otra capa. El artículo 159 de la Ley 9/2017 tramita los contratos de servicios y suministros de hasta 100.000 € por un procedimiento abierto simplificado. Los licitadores deben estar ya inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. Esa inscripción es lenta y no se improvisa la semana en que sale la licitación.
El mercado al que se vende de verdad
España parece un mercado grande hasta que se desglosa el registro. El directorio central de empresas del INE contabilizó 3.207.580 empresas activas a 1 de enero de 2023. De ellas, el 53,6 % no tenía ningún asalariado y el 62,6 % pertenecía al resto de servicios. Buena parte de ese registro no puede contratar a un estudio a ningún precio.
Los compradores que sí pueden ya están en internet. Entre las empresas de diez o más empleados con conexión, el 78,5 % tenía sitio web en el primer trimestre de 2023 y el 31,7 % vendía por canales electrónicos. Las ventas de comercio electrónico alcanzaron 377.058 millones de euros en 2022, un 20,3 % por encima de 2021. Solo el 9,6 % usaba tecnologías de inteligencia artificial.
A 1 de enero de 2023 España tenía 3.207.580 empresas activas y el 53,6 % no empleaba a nadie (INE, DIRCE, 14 de diciembre de 2023). Entre las empresas de diez o más empleados, el 78,5 % ya disponía de sitio web (INE, encuesta TIC, 25 de octubre de 2023).
Leídos juntos, los dos conjuntos describen la conversación. Muy pocos clientes potenciales españoles necesitan una primera web. Necesitan que la que tienen haga algo que hoy no hace, y piden pruebas antes que ideas. Es una venta distinta a la de un mercado donde la presencia digital todavía se está construyendo, y premia a los estudios capaces de defender una inversión de marca ante un consejo.
Contratación, husos horarios y el solape real
Honduras se mantiene todo el año en UTC−6. España funciona en UTC+1 en invierno y UTC+2 en verano, así que la diferencia es de siete horas durante parte del año y de ocho el resto. Una tarde de Madrid termina más o menos cuando empieza una mañana de Tegucigalpa.
El solape utilizable es de dos a tres horas diarias. Da para un ritual programado y poco más, de modo que las decisiones hay que documentarlas en vez de conversarlas. Los equipos que insisten en trabajar de forma síncrona sobre esa diferencia acaban con una oficina española que retransmite mensajes en lugar de asumir trabajo.
Contratar en España resuelve la responsabilidad y añade coste. La nómina española incorpora cotizaciones a cargo de la empresa sobre el salario bruto. El suelo efectivo de un perfil sénior de cara al cliente queda muy por encima del coste hondureño equivalente. Alejandro Navarro dirige la operación de España, y el reparto es deliberado — perfil sénior local para la responsabilidad de cliente y el criterio regulatorio, capacidad de entrega repartida entre las dos oficinas.
Cómo se replantea la propuesta de servicio
La propuesta que funciona en Tegucigalpa no sobrevive a la traducción. En Honduras, un estudio compite muchas veces por ser el único equipo capaz de resolver marca, web y campaña con un mismo estándar. En España esa combinación es habitual, y el diferencial se desplaza hacia la gobernanza: quién es responsable del sistema, cómo se mide y qué ocurre en el traspaso.
Hay dos argumentos que viajan mal y conviene abandonar. El primero es el coste. Posicionar la oficina española por precio invita a una comparación con la entrega offshore que no se gana. Además es el argumento equivocado en un mercado donde el comprador ya tiene difícil comparar trabajo creativo con un criterio consistente. El segundo es la cercanía, porque una dirección en Madrid no diferencia en Madrid.
Lo que sí viaja es un modelo de entrega documentado, referencias en el mismo sector y una postura técnica verificable. Los programas públicos también moldean la puerta de entrada: entender qué financia realmente el Kit Digital indica qué conversaciones arrancan con una subvención y cuáles arrancan con un presupuesto.
Una secuencia que evita rehacer trabajo
El orden importa más que la velocidad. Primero, la sociedad y las obligaciones fiscales, porque todo lo demás depende de poder emitir una factura española válida. Segundo, las condiciones de cobro y la plantilla de contrato, antes de que salga la primera propuesta: los plazos de pago no se pueden reinstalar en un encargo ya firmado.
Tercero, la forma de contratación: qué roles deben ser locales, cuáles pueden repartirse y cuál es la reunión a la que asisten las dos oficinas. Cuarto, la inscripción para contratación pública si el plan la contempla, porque esa cola tiene su propio calendario. El marketing va al final. Un estudio que genera demanda antes de poder facturar, cobrar y dotar equipos la atenderá mal.
Preguntas frecuentes
¿Hace falta una sociedad española para facturar a clientes españoles?
No. Una sociedad hondureña puede facturar directamente a una empresa española y, según el artículo 84 de la Ley 37/1992, el cliente español autorrepercute el IVA. La entidad local se vuelve necesaria al contratar personal en España, concurrir a licitaciones públicas o trabajar con compradores cuya norma interna exige proveedor nacional.
¿Cuánto capital social necesita una sociedad limitada española?
Un euro, desde que la Ley 18/2022 entró en vigor el 19 de octubre de 2022. Mientras el capital no llegue a 3.000 €, al menos el 20 % del beneficio anual va a reserva legal y los socios responden de la diferencia en caso de liquidación. Aun así, la mayoría capitaliza por encima del mínimo.
¿Qué tipo de IVA se aplica a los servicios de diseño y desarrollo?
El tipo general del 21 %, según el artículo 90 de la Ley 37/1992. Los servicios profesionales creativos y técnicos no entran en los tipos reducidos del 10 % ni del 4 %, que cubren categorías como alimentación, libros, medicamentos y determinados servicios de transporte y hostelería.
¿Cuánto puede tardar en pagar un cliente español?
Treinta días naturales por defecto desde la prestación del servicio y nunca más de 60 días naturales, ni siquiera por acuerdo, según el artículo 4 de la Ley 3/2004. El límite es legal, no comercial, así que la protección práctica es facturar por hitos y pedir anticipo, no confiar en el plazo.
¿Puede un estudio de capital extranjero licitar obra pública en España?
Sí, con los mismos requisitos que un licitador nacional. El procedimiento abierto simplificado del artículo 159 de la Ley 9/2017 cubre contratos de servicios de hasta 100.000 €. Para concurrir, el licitador debe estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público antes del cierre.
El primer año en España conviene tratarlo como un proyecto contable y contractual con un equipo creativo dentro, y no al revés. La sociedad, la factura, las condiciones de cobro y la forma de contratación deben quedar resueltas antes de que llegue el pipeline, porque cada una de ellas cuesta mucho menos diseñarla que corregirla. Dentro de seis meses estará más claro a qué mercado sirve realmente la oficina: a compradores españoles o a clientes hondureños que quieren una dirección europea en el contrato. La respuesta cambia cómo hay que dotarla.



